Representamos clientes en toda clase de conflictos con órganos del Estado, en reclamos de ilegalidad especiales, acciones de protección de garantías constitucionales, recurso de amparo económico, nulidad y, en general, en todos los procedimientos contencioso administrativos disponibles, además de la Contraloría General de la República.

Acompañamos a nuestros clientes en sus operaciones y actividad diaria ante los diversos órganos administrativos con los que interactúan. Asesoramos en solicitudes, presentaciones, recursos y, en general, en toda clase de procedimientos administrativos, buscando resguardar de la mejor forma sus intereses y derechos, prevenir conflictos y reducir riesgos.

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Representamos clientes ante el Tribunal Constitucional en requerimientos de inaplicabilidad de normas legales cuya aplicación en un juicio pendiente pueda resultar inconstitucional.

Preparamos informes y opiniones especializadas en derecho constitucional y administrativo, para ser presentados en juicios o en procedimientos ante autoridades, o bien para evaluar escenarios regulatorios, identificar riesgos y proponer posibles soluciones.

Asesoramos clientes que enfrentan cambios legislativos, reglamentarios o de interpretaciones administrativas que inciden en sus actividades. Identificamos riesgos y proponemos alternativas de acción, ya sea de participación de carácter preventivo, ante los propios órganos o la Contraloría General de la República, o por medio de los mecanismos de impugnación disponibles.

Asesoramos clientes en procesos de licitación pública, privada y en tratos directos, en toda clase de contratos administrativos, y los representamos ante el Tribunal de Contratación Pública, la Contraloría General de la República o los tribunales ordinarios, según el conflicto de que se trate.